Los máximos dirigentes de PSOE e IU, José Luis
Rodríguez Zapatero y Gaspar Llamazares, respectivamente, tienen un
diagnóstico común ante el hecho de que sociedades del vicepresidente
económico, Rodrigo Rato, reciban inyecciones financieras de la banca
mediante créditos, como hizo el HSBC con la sociedad Muinmo, o compra de
paquetes accionariales, como hizo Banesto con tres empresas de los Rato.
Ambos cuestionan que sea compatible el cargo de Rato con la 'intensa
actividad' de sus sociedades privadas.
Los Grupos Parlamentarios de PSOE e Izquierda Unida
estudian la vía parlamentaria para esclarecer si el vicepresidente puede
simultanear su actividad política con sus intereses empresariales
privados. 'Muchos españoles se preguntan, y yo también, hasta qué punto
puede haber un vicepresidente del Gobierno con tan intensa actividad
empresarial. Dejo ahí la pregunta', señaló Zapatero, 'sin prejuzgar nada'.
'Creemos que puede haber colusión entre la dedicación política y tanta
actividad empresarial. De momento, mostramos nuestra inquietud ante esa
situación', declaró Zapatero tras la reunión de la Comisión Ejecutiva
Federal de su partido.
Por su parte, el Diputado de IU , Felipe Alcaraz se
queja de que los populares, con el apoyo de CiU, 'han tumbado' sus tres
preguntas a Rato en el seno de la Comisión Gescartera. En ellas, IU
solicitaba la 'relación de personas de la familia de Rato y de los
miembros de los consejos de administración de empresas familiares que han
pasado a ocupar puestos de responsabilidad en empresas públicas
privatizadas desde 1996'.
Izquierda Unida también requería el volumen de créditos
recibidos por las empresas del vicepresidente segundo y sus familiares,
relación de las entidades prestatarias, fecha de su concesión y
cancelación y su nivel de morosidad. Por último, la coalición se
preguntaba por 'empresas de Rato que han sido adquiridas, al parecer por
varios cientos de millones, por la banca española'. Llamazares no cree que
Rato deba detallar sólo 'los créditos y participaciones' de la banca en
sus empresas. 'Tiene que explicar además los raros vínculos familiares y
políticos creados al calor del proceso de privatizaciones de empresas
públicas. En definitiva, este es el caldo de cultivo de la mezcla entre lo
público y lo privado y está en el trasfondo de la corrupción política',
destaca el Coordinador de IU.
Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila
Martínez, reconoce que es, desde mayo de 2000, apoderado de la empresa
Viajes Ibermar, propiedad de la familia del vicepresidente económico del
Gobierno, Rodrigo Rato.
Cobo reconoció que es el apoderado de Viajes Ibermar
una hora y media después de que afirmase que lo había sido 'hace un año
aproximadamente'. Hora y media más tarde, en declaraciones a la Cadena
SER, Cobo rectificó: 'De la revisión de la documentación tras la última
conversación, le puedo decir que, salvo que haya una comunicación que yo
no tengo, el poder está vigente, aunque no haya intervenido posteriormente
en nada'. Con todo, matizó: 'Soy un apoderado excepcional, no habitual, y
que no participo en la vida diaria de la empresa'. El marido de Martínez
no desveló el tipo de operación empresarial en la que figuró como
apoderado 'para no citar a terceros'. Se limitó a afirmar que fue 'un
negocio mercantil entre empresas' en la que no hubo ninguna operación
bursátil ni participación de instituciones públicas.
Por otra parte, Cobo afirmó que mantuvo relaciones
comerciales con la agencia en virtud de su condición de empresario
hotelero y de amigo de Rato 'desde hace muchísimos años'. Negó también
cualquier relación con Gescartera. 'Bajo ningún concepto, tengo, ni he
tenido, y espero que Dios no me dé oportunidad de tener que ver con
semejante historia', espetó. Viajes Ibermar es una empresa que tiene su
sede social en la misma dirección que Muinmo, la sociedad de la familia
Rato a la que el HSBC, el banco con el que operaba Gescartera, otorgó un
préstamo de 525 millones de pesetas. Cobo dijo que ignora si Viajes
Ibermar ha participado de ese crédito.
Aldeasa, sociedad pública hasta septiembre de 1997,
cuando fue privatizada por el Ministerio de Economía, dirigido por Rodrigo
Rato, trabaja desde ese año con Viajes Ibermar, empresa de la que es
accionista el propio Rato, quien nombró en julio de 1996 al que aún es hoy
presidente de Aldeasa, José Fernández Olano. Viajes Ibermar no sólo
se ocupa de los viajes del personal de Aldeasa sino que dispone de una
oficina en la sede de la sociedad privatizada, y se encarga del '60% al
70% de sus viajes', según un portavoz de esta empresa. Ibermar recibió 1,5
millones de subvención del Ministerio de Economía en 1997.
Con anterioridad a 1997, Aldeasa, firma dedicada a la
venta de artículos en aeropuertos españoles y extranjeros, operaba con
Viajes Barceló. La sociedad de la familia Rato tiene ahora un papel
preeminente en la contratación de los viajes del personal de Aldeasa.
En la Aldeasa privatizada participa la administración
pública a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales) con algo más de un 5% de las acciones, según la información
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El mayor porcentaje de
Aldeasa lo tiene Altadis (30% de participaciones), resultado de la fusión
de la firma francesa Seita y otra empresa pública española privatizada,
Tabacalera, entonces presidida por César Alierta, hoy presidente de
Telefónica. Antes de que la compañía de tabaco fuera privatizada, el
Gobierno le facilitó la compra del 20% de Aldeasa.
Portavoces de Aldeasa explican así las razones de la
contratación de Viajes Ibermar: 'Hasta 1997 trabajábamos con otra agencia,
pero no estábamos contentos con ella. Entonces, Viajes Ibermar nos hizo
una buena oferta y la aceptamos'. La buena oferta consistió en que
ofrecían abrir una oficina en la propia sede de Aldeasa, según un portavoz
de la sociedad. Otras dos agencias (Ibercolor y Antillas) también
gestionan viajes de Aldeasa pero no disponen de oficina en su sede. El
portavoz admitió que Viajes Ibermar, que tiene hoy como apoderado a
Santiago Cobo Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, no
fue contratada por concurso, sino tras considerar la oferta realizada por
esta empresa.
Viajes Ibermar también cerró en 1996 un acuerdo para
realizar ventas en una de las grandes superficies comerciales: Alcampo.
Este año, Alcampo constituyó una sociedad con viajes Ibermar para
desarrollar un portal de viajes en Internet para lanzar Viaplus viajes.
Su línea económica ha sido descendente hasta el último
balance conocido, de 1998. En 1996 ganó tres millones; y de ahí cayó a 107
millones de pérdidas en 1997 que, pese al contrato con Aldeasa, se
elevaron a 120 millones en 1998.
Compra de Muinmo . Las deudas de la empresa doblaban
sus recursos propios. En 1999, Muinmo, la empresa de la familia Rato que
gestiona siete emisoras de radio en toda España, compró 263.000 acciones
de Viajes Ibermar por casi 400 millones de pesetas, lo que la convertía en
accionista mayoritario con el 51% de las participaciones. El año de la
compra no pudo desembolsar el importe de las 263.000 acciones. Un año
después, Muinmo consiguió un préstamo de 525 millones del HSBC, el banco
que más ha trabajado con la agencia de valores Gescartera.
Ibermar consiguió en diciembre de 1997 una subvención
de 1,5 millones de pesetas de la Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, como incentivo por
comprar una agencia de turismo en Portugal
El Ministerio de Economía, dirigido por el
vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, concedió una subvención
este año a fondo perdido de 22.581.700 pesetas a Aguas de Fuensanta,
participada hasta marzo de 1999 por la familia Rato y en la que todavía es
consejera Ángeles Alarco Canosa, esposa del vicepresidente. Banesto
adquirió parte de esta empresa, junto a otras dos de la familia Rato, en
1999.
La subvención, que se otorgó el 11 de abril de este
año, lleva la firma de la directora general Belén Cristino Macho-Quevedo.
Las subvenciones otorgadas por Economía se concedieron amparadas en una
ley de 1985. En este caso se concedió tras aplicar el porcentaje del 10% a
una inversión realizada por la empresa. Estas subvenciones tienen por
objeto fomentar 'las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en
determinadas regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente
las actividades económicas'.
La relación de Rodrigo Rato con esta empresa, que
explota unos manantiales de agua mineral en Asturias, se remonta al 26 de
febrero de 1976, cuando la sociedad otorgó al propio Rato unos poderes muy
amplios cuya revocación no consta hasta la fecha en el Registro Mercantil,
a pesar de que abandonó el consejo de la sociedad.
Rato fue consejero delegado de la sociedad entre 1978 y
1982, e incluso ocupó la presidencia de la misma entre el 11 de enero de
1985 y el 20 de junio de 1991, cuando pasó a ser miembro del consejo de
administración. Rodrigo Rato cesó como consejero de Aguas de Fuensanta el
5 de enero de 1993. En la junta del 18 de marzo de 1999 se incorporó al
consejo Ángeles Alarco, según el Registro Mercantil.
La Corporación Banesto adquirió el 16 de marzo de 1999
el 45,3% de Aguas de Fuensanta, el 40,53 del Grupo Alimentario de
Exclusivas y el 36,10% de Cartera del Norte. Las tres empresas tienen
participaciones cruzadas de la familia Rato y se complementan en la
producción y comercialización de bebidas.
La memoria de Banesto de 1999 recoge la compra y sitúa
la empresa como 'sociedad asociada' con una información adicional que
resume: 'Capital, 426; Reservas, 707; Resultados, 20', en cifras
expresadas en millones de pesetas. Paradójicamente, la compra coincidió
con un amplio proceso de desinversión de activos industriales de Banesto
en toda España.
La memoria del banco no informa a los accionistas sobre
el precio pagado y explica que 'los administradores han considerado
conveniente omitir el importe neto registrado en libros del banco y/o
sociedades dependientes para estas participaciones por entender, al
encontrarse parte de ellas en reestructuración y/o venta, que la
divulgación de esta información podría perjudicar tanto al banco como a
las propias sociedades'.
Expansión publicó el 19 de febrero de 1999 que la
compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta había costado 1.000 millones, lo
que significa que el valor total de la compañía sería de 2.207 millones, a
pesar de que sólo había ganado 20,3 millones en 1998. Es decir, la compra
se hizo a un PER -relación entre el precio pagado y el beneficio obtenido-
de 108. Al año siguiente, la empresa perdió 46,8 millones. Aguas de
Fuensanta tenía en 1998 unas deudas de 1.571 millones, 651 a largo plazo
Rafael Simancas, portavoz socialista en el Ayuntamiento
de Madrid, afirma que el 'impulso' que está a punto de recibir la atascada
Operación Chamartín podría tener relación 'con la vinculación de dos
empresas de la familia Rato Figaredo con la sociedad Duch (Desarrollo
Urbanístico Chamartín)'. Se refería el edil a las empresas Riofisa y
Urbanismo y Ciudad. En los consejos de administración de ambas empresas
aparece Ramón Rato, hermano del vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
Según Simancas, Riofisa ha adquirido recientemente 70.000 metros cuadrados
de suelo en la zona de la Operación Chamartín (un total de 3,2 millones de
metros).
Este plan urbanístico, puesto en marcha en 1993 cuando
el PP gobernaba en el Ayuntamiento y el PSOE en la Comunidad y en el
Gobierno central, tiene como objetivo cubrir el haz de vías que llegan a
la estación de Chamartín, para construir sobre ellas y prolongar el paseo
de la Castellana hasta la M-40. Renfe, propietaria de la mayoría de los
terrenos, convocó entonces un concurso que ganó Argentaria con un proyecto
del arquitecto Ricardo Bofill. Esa entidad, que fue privatizada al llegar
el PP al Gobierno en 1996, creó la empresa Duch para ejecutar el proyecto.
Dada la importancia de esa operación urbanística, en 1997 se acordó que un
consorcio, con presencia de las tres administraciones, controlase la
actuación de Duch.
Las discrepancias entre la Comunidad y el Ayuntamiento
mantienen la operación parada desde 1998, pero, ahora, el vicepresidente
regional, Luis Eduardo Cortés, asume la presidencia del consorcio y se ha
comprometido a 'arrancar' la operación.
Las seis emisoras de Muinmo, la cadena de radio de la
familia Rato, han recibido este año 40 millones de pesetas en contratos
publicitarios de Repsol, el 6,66% de los 600 millones que la petrolera ha
destinado este año a inversión publicitaria en radio. La audiencia total
de las seis emisoras, 26.000 oyentes según el Estudio General de Medios,
representa menos del 0,14% de la audiencia de la radio en España (18
millones). Como ejemplo ilustrativo, Repsol facturará en el mismo periodo
67 millones a la SER, que cuenta con casi 200 emisoras y más de 10
millones de oyentes.
Muinmo es una sociedad limitada propiedad del
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato,
y de sus dos hermanos, Ramón y María Ángeles, que absorbió a Rueda de
Emisoras Rato en marzo de este año tras disolverse esta sociedad. En total
tiene concedidas siete emisoras, aunque una de ellas, la de San Fernando
de Henares (Madrid), la tiene alquilada a Radio Intereconomía. De las seis
restantes, cinco están ubicadas en Mallorca y una en Getafe (Madrid). La
emisora de San Fernando y las de las localidades de Alaior y Alcudia
fueron concedidas por Gobiernos del PP. En el caso de las dos
mallorquinas, la adjudicación se produjo pocos meses antes de que acabara
el mandato de Jaume Matas (actual ministro de Medio Ambiente) como
presidente de Baleares.
Muinmo atraviesa una situación financiera muy delicada.
Esta empresa recibió un crédito de 525 millones de pesetas del Honk Kong
and Shanghai Banking Corporation (HSBC) en diciembre de 2000, pese a
afrontar unas deudas de 545 millones de pesetas y unas pérdidas de 129
millones en el ejercicio de 1999, el último del que hay constancia en el
registro.
Se desconocen las garantías que aportó Muinmo para
avalar el préstamo, excepto las del patrimonio personal de los hermanos
Rato. Según declaró el vicepresidente en la comisión de investigación de
Gescartera, el riesgo de este crédito fue 'reasignado' por HSBC a su
central de Londres. El pasado 5 de octubre, cuando se conoció la
existencia de dicho crédito, Rato aseguró, en referencia a las empresas de
su familia: 'Yo no entro en la gestión'.
La última oleada del Estudio General de Medios (EGM)
concede a las seis emisoras que explota Muinmo una audiencia de 26.000
oyentes, de los que 11.000 corresponden a la de Getafe (Madrid). El resto
de audiencia se distribuye de la siguiente manera: Radio Balear de Alaior,
1.000 oyentes; Radio Balear de Alcudia, 2.000; Radio Balear de Inca
(musical), 8.000; Radio Balear de Manacor, 2.000, y Radio Balear de Palma,
2.000.
En las mismas áreas (Baleares y zona sur de Madrid) la
cadena SER cuenta con ocho emisoras y un total de 136.000 oyentes (114.000
en Baleares); Onda Cero tiene otras ocho y 66.000 oyentes (la mitad en las
islas), y la Cope posee siete emisoras con 64.000 oyentes (53.000 en el
archipiélago). Pero la audiencia no parece ser la condición determinante
para el reparto de contratos publicitarios en este caso. De los 67
millones adjudicados a la cadena SER, sólo 181.000 pesetas corresponden a
las emisiones locales de Baleares. La cadena Rato ya recibió 26 millones
de Repsol en 1998, cuando sólo tenía cuatro emisoras, tres en Baleares y
una en Getafe.
Repsol justifica este trato preferente a las emisoras
de los Rato por el deterioro que la imagen de la compañía petrolera ha
sufrido en las islas, donde existe una fuerte conciencia sobre la defensa
del medio ambiente y un rechazo a las empresas contaminantes.
Por ello, Repsol se prestó a colaborar con el Gobierno
autónomo en la instauración del impuesto ecológico. En ese contexto se
enmarca, según la compañía, el patrocinio al programa Naturaleza
balear, que emiten al alimón Radio Balear Palma, Radio Balear Inca y
Radio Balear Manacor, las tres emisoras más veteranas. Repsol patrocina
también en esta cadena la información meteorológica y la de tráfico, e
incluye cuñas sobre el Campeonato Mundial de Velocidad de Motociclismo.
Llamativamente, Repsol eligió para estas campañas a las emisoras con menor
audiencia en Baleares.
El grupo Repsol está presidido por Alfonso Cortina
desde 1996, año en el que, tras la llegada del Partido Popular al
Gobierno, fue propuesto por Rodrigo Rato para sustituir a Óscar Fanjul.
Con Cortina, que mantiene de antiguo una estrecha amistad con el
vicepresidente Rato, Repsol se ha convertido en la primera empresa
española por beneficios, puesto que se disputa con Telefónica. Esta última
compañía también invierte en las emisoras de la familia Rato. Fuentes
internas de Muinmo han confirmado que tienen contratos de publicidad con
Telefónica, aunque no han querido cuantificar el importe.
Por otra parte, Radio Intereconomía, cadena que centra
su actividad en la información económica y que en noviembre de 2000
integró sus emisoras con la empresa editora de la revista Época, ha
recibido en torno a 30 millones de pesetas en publicidad del grupo
petrolero. El Grupo Intereconomía, presidido por Julio Ariza, ex diputado
del PP en el Parlamento catalán, explota en alquiler la emisora de San
Fernando de Henares que el Gobierno de Ruiz-Gallardón adjudicó a Muinmo.
En Baleares, el grupo de emisoras de los Rato emite
durante cuatro horas diarias, desde las 18.00 y las 22.00, el contenido de
Radio Jove, una iniciativa radiofónica creada por el Partido Popular en la
pasada legislatura para impulsar los 'valores juveniles'.
Este espacio se difundió en un principio por Antena 3 y
después por Última Hora Radio. El pasado 30 de abril la consejera de
Bienestar Social del Gobierno balear, Fernanda Caro, de Izquierda Unida,
firmó el acuerdo entre Radio Jove y Radio Balear, que supone a esta última
empresa un ingreso anual de nueve millones de pesetas del erario del
Gobierno autónomo, presidido por el socialista Francesc Antich
El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera,
afirmó que " las relaciones entre el vicepresidente Rato y el empresario
Rato son cada vez más oscuras, y debe dar muchas explicaciones". Cuando
concluya sus trabajos la comisión Gescartera, el PSOE abrirá otra vía para
indagar en los negocios privados del vicepresidente segundo del Gobierno,
por la sospecha de que sus empresas se han beneficiado de su posición en
el Gabinete. Mientras, el PP se limitó a decir que las informaciones sobre
Repsol y Rato obedecen a 'guerras comerciales entre grupos mediáticos'.
Caldera pronosticó que, "al final, se descubrirá que
Rato ha recibido trato de favor de empresas privatizadas a través de
subvenciones encubiertas".
El inminente fin de los trabajos de la Comisión
Gescartera, una vez que sus conclusiones se voten en un pleno del
Congreso, previsiblemente la próxima semana, irá seguido de una serie de
propuestas de cambios legislativos respecto a las incompatibilidades de
altos cargos, y de preguntas al vicepresidente segundo en esa Cámara. El
PSOE sostiene que Rodrigo Rato tendría que haber consignado todos sus
intereses en el Registro de Actividades de Altos Cargos, y se va a hacer
una averiguación en ese sentido en la Comisión del Estatuto del Diputado,
a petición de IU.
El PSOE promoverá una legislación que haga más difícil
la mezcla de intereses públicos y privados de los altos cargos de la
Administración. "Rato tiene derecho a ser rico por su casa y nos alegramos
de que así sea, pero su actividad empresarial no puede tener trato de
favor de nadie, ni de la Administración ni del sector privatizado. Ahora,
el Gobierno se salta a la torera la Ley de Incompatibilidades", se quejó
Jesús Caldera.
El portavoz socialista insinuó que el vicepresidente
segundo del Gobierno se ha podido beneficiar, en su faceta empresarial, de
decisiones tomadas por compañías privatizadas y cuyos presidentes han sido
designados por el propio Rato, como ha ocurrido con Repsol. Esa empresa ha
contratado publicidad por importe de 40 millones de pesetas con seis
emisoras de radio de la familia Rato, y puede que otras empresas
privatizadas hayan hecho algo similar, según el PSOE. Caldera abrió sus
críticas al ministro de Economía con esta pregunta: "¿Hay alguna otra
empresa privatizada bajo el PP en la que usted, señor Rato, colocó al
presidente, que también le haya dado otra subvención encubierta?".
Después, hizo un pronóstico: "Al final, descubriremos que el señor Rato ha
recibido trato de favor de empresas privatizadas". Los socialistas
denominan "subvenciones encubiertas" al dinero recibido por empresas de
Rato en concepto de contratos de publicidad. Las seis emisoras de Muinmo,
la cadena de radio de la familia Rato, han recibido este año 40 millones
de pesetas en contratos publicitarios de Repsol, lo que supone el 6,66% de
los 600 millones que la petrolera ha destinado este año a inversión
publicitaria en radio. Los socialistas resaltan que esas emisoras suman
unos 26.000 oyentes, mientras que, por ejemplo, la Cadena SER, con casi
200 emisoras, dispone de una audiencia de más de 10 millones de oyentes, y
los contratos de publicidad que ha suscrito con ella Repsol se han situado
en unos 67 millones de pesetas.
En medios socialistas se asegura que hay otras pistas
en las que están trabajando y que son las que le permiten a su portavoz,
Jesús Caldera, insinuar que puede haber más casos de "trato de favor" a
Rato por parte de presidentes colocados por él al frente de empresas
privatizadas. Caldera insistió en que el vicepresidente segundo ya no sólo
tiene que dar cuenta del crédito del HSBC a Muinmo, por importe de 525
millones de pesetas, sino también de estos contratos publicitarios. "Son
ayudas o subvenciones, aunque se trate de disfrazar de otra cosa", sostuvo
el portavoz socialista.
En el PP, mientras, se mostraron muy tranquilos ante la
aparición del supuesto trato de favor a las empresas de la familia Rato.
El portavoz del partido del Gobierno en la Comisión Gescartera, Vicente
Martínez Pujalte, restó importancia a la publicación de la noticia sobre
los gastos en publicidad de Repsol en las emisoras de los Rato y se limitó
a sostener que sólo obedece a "las guerras comerciales entre los grupos
mediáticos" para ver "quién consigue más o menos publicidad".
Martínez Pujalte vinculó lo que él llama "cacería"
contra Rato con el "descontento" socialista por el resultado de la
Comisión Gescartera, que según él no ha logrado, como pretendía el PSOE,
demostrar la responsabilidad política de Rato.
La Generalitat Valenciana ha destinado una partida de
40 millones del capítulo de fondos correspondientes a la cooperación al
desarrollo a la financiación de un gimnasio en el colegio Padre Arrupe de
El Salvador, que gestiona la fundación del mismo nombre presidida por la
cuñada del vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, Felicidad
Salazar-Simpson, y de la que es tesorero Ramón Rato, hermano del número
dos del Gobierno que preside José María Aznar. El dinero servirá para
financiar parte de las instalaciones deportivas que la fundación tiene en
marcha en el colegio y que incluyen vestuarios, cancha de baloncesto y
sala de gimnasia. El proyecto de colegio fue inaugurado en 1997 con la
presencia del propio Aznar y graduó su primer alumno a finales de 1999.
Dedicado a la formación de bachilleres, el colegio logró el año pasado la
consideración de Colegio de España por parte del Ministerio de Educación,
con el objeto de homologar sus títulos. No obstante, ni el colegio ni la
fundación han estado exentos de polémica. Primero por la vinculación de la
familia del vicepresidente del Gobierno y las empresas que colaboran en la
entidad, algunas de ellas bancos como SCH, Argentaria o Caja Madrid.
Segundo por el modelo de educación que ofrecen. Según un amplio informe
publicado por la revista El Siglo sobre la fundación Padre Arrupe, la
elección del nombre ha creado malestar con la compañía de Jesús que lo ha
interpretado como una apropiación. Según la misma revista, la fundación
adquirió los derechos del nombre tras alcanzar un acuerdo con la familia
del fallecido Arrupe. Los jesuitas han dejado claro que la entidad no
guarda relación con ellos pese a que lleva el nombre de quien fue superior
general de la Orden entre 1965 y 1983. Pero además, el colegio, el
principal proyecto de la fundación, tampoco ha sido ajeno a la polémica.
En Navidad del año pasado una cadena de televisión emitió un maratón
solidario para recaudar fondos para El Salvador, que acababa de sufrir un
terremoto. El cabeza visible de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel,
decidió donar en directo 100 millones de pesetas a la Padre Arrupe
recaudados por la ONG en un programa anterior. Pero finalmente optó por
solicitar la devolución del dinero tras visitar el colegio. Sobre las
razones de su decisión, el Padre Ángel declaró a El Siglo: «Sí,
teóricamente el colegio es para pobres, pero si tú pides un nivel
intelectual para entrar, no creo que los más humildes, quien no tiene para
comer, pueda llegar a él». A las críticas que consideran el centro de El
Salvador como un colegio de elite la fundación responde que los alumnos
están subvencionados y que reciben un compendio de música, deporte, poesía
y materia académicas para dar una formación integral y humana. El centro
se ubica en Soyapango, una zona marginal de la capital. En su patronato
figuran, además de los citados familiares del vicepresidente, empresarios
de la comunicación como Blas Herrero o el ex ministro y diputado
socialista Jerónimo Saavedra. La mayor parte de los allegados a Rato que
figuran en el patronato aparecen además en los consejos de administración
de las empresas ligadas al vicepresidente. Es el caso de su propio hermano
Ramón Rato, o la familia Salazar Simpson, quienes administran empresas
como Aguas de Fuensanta o Grupo Alimentario de Exclusivas. Otras empresas
de los Rato y Salazar Simpson son Viajes Ibermar, Aurosur o Edificaciones
Padilla. Algunas de estas empresas, como Viajes Ibermar, colaboran también
con la fundación Padre Arrupe. También la editorial Planeta, Telepizza o
Iberia son colaboradoras.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía,
Rodrigo Rato, no ha incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos
Cargos porque aunque posee más del 10% de las acciones en una empresa que
contrata con el sector público (la sociedad Muinmo, con seis emisoras de
radio), mantiene esa participación a través de una empresa interpuesta (Aurosur).
Éste fue el argumento esgrimido en el Congreso por el ministro de
Administraciones Públicas, Jesús Posada, al explicar el informe de la
Dirección General de Inspección sobre el cumplimiento de esa ley por parte
de Rato.
El artículo 2.2 de la Ley de Incompatibilidades de
altos cargos, aprobada el 11 de mayo de 1995 dice textualmente: 'Los
altos cargos no podrán tener, por sí o junto con su cónyuge e hijos
dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un 10% en
empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con
el sector público estatal, autonómico o local'.
Rato ha reconocido, y así consta en el Registro
Mercantil, que tiene una participación superior al 10% en Muinmo, una
empresa que contrata con el sector público a través de sus sociedades de
radio. El matiz lo incorporó el propio Rato el pasado 28 de noviembre, en
su respuesta al PSOE en la sesión de control al Gobierno. Entonces dijo
que no era el propietario de esa empresa y después, en los pasillos del
Congreso, explicó que la tenencia de las acciones no era directa.
El diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán citó unas
declaraciones de Rato en las que exponía que era propietario de una
empresa y que ésta, a su vez, era accionista de Muinmo. El ministro Posada
subrayó que el artículo 2.2 'prohíbe literalmente que el alto cargo tenga
una participación directa en las empresas que contraten con el sector
público'. Y añadió: 'Siempre que el legislador ha querido referirse a las
sociedades participadas indirectamente lo ha hecho expresamente, cerrando
por ello toda posibilidad de interpretaciones más amplias'. Es decir, como
la participación es indirecta, no se incumple la ley. Posada intentó
explicarse: 'La mera participación de un alto cargo en una sociedad que, a
su vez, participa en otra no tiene por qué influir en la capacidad de
actuación de esta segunda, por no contar con el poder de dirección
necesario'. De otra forma, Posada pretendió que Rato no cuenta 'con el
poder de dirección necesario' en Muinmo, una empresa que obtuvo un crédito
de 525 millones de pesetas del HSBC, el único banco que trabajó con
Gescartera durante los nueve años de vida de la agencia de valores que ha
estafado 15.578 millones de pesetas a 1.383 inversores.
El PSOE consideró 'muy peligrosa' la interpretación del
ministro porque 'se está lanzando un mensaje político [para] que cualquier
alto cargo pueda crear una sociedad patrimonial propietaria de acciones'
de empresas que sí contratan con el sector público, en la seguridad de que
'no le va a resultar incompatible'. CiU sostuvo que la interpretación del
Gobierno 'rompe el consenso' con el que se fraguó la ley y reclamó alguna
medida para recuperarlo.
El PP y el ministro defendieron que la ley no necesita
retoques y matizaron que si se pactara una modificación sólo sería
aplicable 'a futuro'. Es decir, Rato seguiría cumpliendo la ley pero, en
esa hipótesis de futuro, tendría que vender parte de su participación
indirecta en Muinmo.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía, Rodrigo Rato, ha remitido un escrito a la Comisión del Estatuto
de los Diputados que no va a modificar ni un ápice la declaración de
actividades que realizó al inicio de la legislatura y en la que dejó en
blanco todas las preguntas que se referían a posibles actividades
privadas. En la última pregunta de la sesión de control al Gobierno, la
diputada socialista Soledad Pérez Domínguez acusó al vicepresidente y al
ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, de mentir sobre el
cumplimiento de Rato de la Ley de Incompatibilidades: 'Miente sobre sus
empresas, subvenciones y contratos, y sobre su compatibilidad'. Rato
respondió que cumple la Ley de Incompatibilidades, aprobada en 1995 a
propuesta del PSOE.
La Mesa de la Comisión del Estatuto analizará el
escrito del vicepresidente. En él, Rato declara textualmente: 'No
desempeño puesto o cargo alguno que lleve anejas funciones de dirección,
representación, asesoramiento o prestación de servicios en ninguna clase
de empresas, tengan o no contratos o relaciones con el sector público'.
